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Nota ASISTENCIA DE ALIMENTOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
Publicado: 04/14/20 09:00:a. m.

Asunción, 14 de abril de 2020

SEÑOR

DIPUTADO NACIONAL

PEDRO LORENZO ALLIANA, PRESIDENTE

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE


De mi mayor consideración

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. a los efectos de presentar mi manifiesto sobre la ASISTENCIA DE ALIMENTOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, atendiendo las denuncias recibidas en relación al incumplimiento del depósito de los deberes alimentarios en varias instituciones, el FRENTE PARLAMENTARIO POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, manifiesta cuanto sigue:

Según el artículo 97 de la Ley 1680/2001, los padres y madres de niños y adolescentes están obligados a proveerles alimentos, vivienda, vestido, salud y educación hasta que cumplan 18 años. La alimentación también abarca que el progenitor provea a la gestante del alimento y los gastos que ocasionen tanto el embarazo como el parto.

Si por ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos, el padre/madre no conviviente no puede proporcionar la alimentación a su descendiente, el juez debe determinar que presten asistencia los familiares directos, que son mencionados en el artículo 258 del Código Civil; el cual dispone que están obligados a la prestación de alimentos los cónyuges, los padres y los hijos; los hermanos, los abuelos y en su defecto, los ascendientes más próximos, los suegros, el yerno y la nuera.

Continuando con el desglose de la normativa, el artículo 99 de la Ley 1680/2001 habla claramente de la prohibición de eludir el pago. Esto significa que el padre o madre que haya sido demandado por asistencia alimenticia no podrá iniciar un juicio para eludir el pago al que haya sido condenado.

En este contexto de análisis debemos recordar que no se le está “sacando dinero” al padre/madre, sino que se está dando cumplimiento al reclamo de un derecho, que debería ser ofrecido de manera espontánea por el progenitor/a y no recurrir a una demanda en reclamo de los mismos.

No hay distinción de clases sociales ni niveles de poder político o económico cuando de alimentar a un hijo se trata. Aún en medio de nuestra bien sabida burocracia, y de lo demorado que pueda ser un proceso judicial, al menos la teoría indica que las sentencias provisorias deben salir lo antes posible, porque la alimentación de un niño no puede esperar.

Por tanto, en la premisa de que el pago de alimentos constituye un crédito singularmente privilegiado por ante cualquier otro, instamos a los administradores de las Instituciones Públicas a realizar de manera mensual y sin excusa alguna el descuento correspondiente de los importes de alimentos de los funcionarios, que por la vía judicial son reclamados al pago de los mismos.


KATTYA GONZALEZ

Presidenta del Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y Adolescencia


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